Un mes y medio antes del trágico suicidio de una paciente psiquiátrica en el Hospital Universitari de Terrassa, el comité de empresa del centro había enviado un correo electoral a la gerencia advirtiendo que, debido a la «elevada presión asistencial», la seguridad de los pacientes «podría estar en riesgo». Este mensaje, firmado por facultativos del servicio de Urgencias y al que ha tenido acceso este diario, fue enviado el 2 de julio. Un mes y 20 días después, el 22 de agosto, una paciente con un trastorno psiquiátrico grave y considerada de «alto riesgo» se suicidó en un box de las Urgencias tras más de 48 horas esperando un ingreso en Psiquiatría. El caso ha desatado una ola de indignación y ha abierto un debate sin precedentes sobre los límites del sistema de salud pública en Cataluña, especialmente en lo que respecta a la atención de las urgencias psiquiátricas.
La advertencia previa y el caos en las Urgencias
La comunicación del comité de empresa no fue un aviso aislado, sino la expresión de una situación de colapso crónico. Los médicos de Urgencias, en su mensaje, ya ponían de manifiesto las consecuencias de la falta de personal y de espacios adecuados. «Por tanto, a partir de este momento, solo nos podremos dedicar a visitar a aquellos que, bajo nuestro criterio, podemos controlar clínicamente, con el objetivo de minimizar el riesgo de error médico y poder garantizar al máximo posible la seguridad del paciente», concluía el email, una advertencia que, en retrospectiva, adquiere un significado aterrador. El sindicato Metges de Catalunya ha denunciado el «caos» instalado en las Urgencias de este hospital y exige actuaciones «inmediatas» por parte del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y del Servei Català de la Salut (CatSalut). La presidenta de Salut Mental Catalunya, Mercè Torrentallé, ha subrayado la «falta de espacio y de profesionales especializados», un déficit que, según ella, provoca una «vulneración de derechos» de los pacientes.
El protocolo, las explicaciones del Govern y la respuesta política
Según los expertos en salud mental y el propio protocolo del Codi Risc Suïcidi, una emergencia psiquiátrica debe esperar en urgencias el mínimo tiempo posible. Sin embargo, la realidad en Terrassa fue muy diferente. Fuentes del Govern consultadas por este diario niegan que haya habido negligencia alguna, pero reconocen que el problema de fondo es la «falta de profesionales», una carencia que afecta a «todos los servicios públicos de salud». Estas fuentes admiten, no obstante, la necesidad de que los servicios de Urgencias dispongan de espacios separados para las urgencias psiquiátricas, debido a la especial naturaleza de estos casos. La oposición (ERC, PP y Vox) ha pedido la comparecencia de la consellera de Salut, Olga Pané, en el Parlament para dar explicaciones, mientras que el Ayuntamiento de Terrassa ha exigido una investigación transparente. Antonio Serrano, de la entidad Amb Experiència Pròpia, se ha mostrado indignado: «Que una persona muera por suicidio mientras espera ayuda es horrible y es humillante. No vale la excusa de que falta personal».
La gestión de estos recursos es un tema que trasciende el caso concreto de Terrassa. El L’Institut Català de la Salut, por ejemplo, es un actor clave en la distribución de los recursos sanitarios, y su planificación puede influir directamente en situaciones como la vivida en el hospital catalán. La necesidad de una respuesta integral también ha llevado a que entidades como el Parc de Salut MAR en el Maresme estén trabajando en modelos de atención que integren de manera más efectiva la salud mental y los servicios de urgencia, buscando evitar que situaciones de alto riesgo queden en una situación de vulnerabilidad.
La muerte de la paciente no solo es un caso aislado, sino un espejo de las deficiencias estructurales del sistema. La falta de espacios separados para la psiquiatría en las urgencias, un problema que el Govern reconoce, significa que pacientes en una situación de extrema vulnerabilidad comparten el mismo espacio que otros casos de urgencia, con los riesgos que esto conlleva. Mientras que la investigación continúa, la pregunta que persiste es si las autoridades sanitarias actuaron con la rapidez suficiente una vez recibida la advertencia del comité de empresa, o si, como denuncian los sindicatos y las entidades de salud mental, las alertas se convierten en informes que no se traducen en cambios reales en el corto plazo. La tragicidad del suceso exige, más allá de las explicaciones, un cambio de modelo para garantizar que la seguridad de los pacientes ya no esté en riesgo en ningún momento de su atención.
